El cierre de la administración de la expresidenta, Xiomara Castro no solo estuvo marcado por la transición de mando, sino por un intento desesperado de última hora para institucionalizar el clientelismo político dentro del Sistema Nacional de Emergencias 911.
Según documentos oficiales de Radio Cadena Voces (RCV), la Secretaría de la Presidencia orquestó una “piñata” de plazas que pretendía hipotecar las finanzas del Estado por más de 581 millones de lempiras.
Cronología del Abuso: Siete Días para el “Enchambe”
El 20 de enero de 2026, mientras el país se preparaba para el traspaso de mando, la entonces ministra de la Presidencia, Lesly Sarahí Cerna, emitió el oficio SGP-SDP-099-2026. En este documento, solicitaba la creación inmediata de 1,571 plazas permanentes. La maniobra es técnica y políticamente cuestionable por tres razones fundamentales:
- Temporalidad sospechosa: Se solicitó a solo una semana de abandonar el poder.
- Falta de sustento: No existía un estudio técnico de la Administración Nacional de Servicio Civil (ANSEC) que justificara tal volumen de personal.
- Presupuesto Prorrogado: Se intentó realizar una modificación millonaria sobre un presupuesto que legalmente no permitía nuevas obligaciones permanentes.
El Muro de Contención: La Respuesta de Finanzas
Es imperativo destacar que el entonces ministro de Finanzas, Christian Duarte, actuó como un freno legal temporal. Al negar la solicitud el 26 de enero de 2026 (un día antes de la toma de posesión de Nasry Asfura), Finanzas evitó —al menos en papel— una catástrofe fiscal.
Duarte invocó el Artículo 368 de la Constitución, recordando que un gobierno saliente no puede heredar deudas estructurales permanentes sin una ley de presupuesto aprobada por el Congreso. La recomendación de esperar a que la nueva administración evaluara la sostenibilidad económica fue un “paracaídas” técnico ante la pretensión de Cerna.
La Responsabilidad de la Interventora bajo la Lupa
Aunque Finanzas negó el presupuesto, queda una interrogante crítica: ¿Se ejecutaron estos acuerdos de manera irregular dentro del 911? La gestión de la Comisión Interventora, liderada por Miroslava Cerpas, queda bajo sospecha.
Si la institución procedió a emitir acuerdos de nombramiento o a firmar contratos sin la cuota presupuestaria autorizada, se habrían configurado los siguientes delitos:
- Abuso de Autoridad: Al ignorar las directrices vinculantes de la Secretaría de Finanzas.
- Violación de los Deberes de los Funcionarios: Al comprometer recursos públicos inexistentes.
- Fraude de Ley: Al intentar “blindar” a la militancia política bajo el régimen de Servicio Civil para encarecer sus despidos ante el nuevo gobierno.
Impacto Fiscal: Una Bomba de Tiempo Heredada
Hablar de 581 millones de lempiras no es referirse a un gasto único. Se trata de una obligación estructural anual que el gobierno de Nasry Asfura tendría que cargar desde el día uno:
- Carga fija: Salarios, decimotercer y decimocuarto mes, y vacaciones.
- Pasivo Laboral: La acumulación de antigüedad que representaría una sangría en demandas laborales si se intentara corregir la planilla.
Lo revelado no es una simple gestión administrativa; es un atentado contra la ética pública. Intentar masificar plazas permanentes en el 911 —una institución de seguridad nacional— para favorecer a “colectivos” en el ocaso de un gobierno, desvirtúa la naturaleza técnica de las emergencias.
El Sistema 911 no puede ser una “maquila de contratos”. Las nuevas autoridades están obligadas a realizar una auditoría forense de personal para identificar si existen nombramientos emitidos en esa última semana que carezcan de respaldo legal.
De confirmarse, la responsabilidad penal debe recaer sobre quienes firmaron estas acciones al margen de la ley.
