Fiscal General asegura que no se presentan casos con fines políticos y llama a la ciudadanía a respaldar la lucha contra la corrupción.
En medio de un clima político marcado por tensiones preelectorales, el Fiscal General del Ministerio Público (MP), Johel Zelaya, negó categóricamente que la institución practique justicia selectiva o que reciba órdenes para acusar a determinados actores políticos.
Zelaya aseguró que los casos presentados por el MP se fundamentan en criterios técnicos y jurídicos, sin intención de dañar políticamente a nadie.
“No es cierto que al fiscal general lo llaman para acusar a alguien y no acusar a otras personas. Nosotros en ningún momento hemos presentado un caso para dañar políticamente, sería algo fatal para el MP”, expresó Zelaya.
El funcionario hizo un llamado a la población hondureña a unirse en la lucha contra la corrupción, destacando que el Ministerio Público está preparado para enfrentar cualquier embate político. “Que se vengan contra el MP, nosotros aquí los esperamos. No nos vamos a detener”, afirmó.
En relación con el caso de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Zelaya reiteró que las investigaciones se realizan con objetividad, sin importar el color político de los implicados.
También se refirió al caso del alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, señalando que los expedientes ya están en tribunales y que los estudios financieros revelan inconsistencias que deberán ser esclarecidas.
“Nosotros no implantamos pruebas. Todo está documentado y en los expedientes públicos”, puntualizó el Fiscal General, quien lamentó la filtración de audios relacionados con el caso, calificándolos como reales pero innecesarios para el debate público.
Zelaya también abordó la polémica sobre la renuncia de Contreras a sus prerrogativas legales, indicando que “nadie puede renunciar a un derecho constitucional” y que cualquier modificación debe pasar por el Congreso Nacional.
En cuanto a las investigaciones en curso, el MP está revisando contratos municipales en San Pedro Sula por más de 14 millones de lempiras en compras de medicamentos y semillas, ante sospechas de sobrevaloración.
De cara a las elecciones generales de 2025, el Ministerio Público desplegará al menos 300 fiscales especializados en delitos electorales, corrupción y crimen organizado, con el objetivo de garantizar transparencia y legalidad en el proceso.
Finalmente, Zelaya informó que en el departamento de Colón se analizan casos complejos relacionados con conflictos de tierras y empresas extranjeras, y que se busca fortalecer la presencia institucional en esa región.
“El Ministerio Público merece respeto y seguirá trabajando con independencia, porque este país está en cuidados intensivos por la corrupción”, concluyó Zelaya.
