La socióloga y exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, expresó su preocupación sobre el impacto que podría tener cualquier acción judicial contra miembros de la oposición a un año de las elecciones.
Castellanos afirmó que tales acciones serían vistas como persecución política, especialmente en el contexto de la audiencia de imputación que enfrenta el exalcalde del Distrito Central y precandidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura Zablah.
En sus declaraciones, Castellanos subrayó la importancia de que el combate a la corrupción sea inclusivo y no se limite a un solo partido político. «Cuando se habla de combate a la corrupción para que se fortalezca realmente y para que haya credibilidad, tiene que ser una lucha a todos los niveles, independientemente del partido que sea, del extracto económico que pertenezca el imputado», enfatizó.
La exrectora también hizo hincapié en la falta de acción efectiva por parte de la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (Uferco), que, según ella, había generado grandes expectativas, pero terminó silenciada.
“Lo que vimos fue una Uferco silenciada, incluso conocimos que su director, el abogado Luis Javier Santos, planteaba que no podía hablar, como lo tenía en el gobierno anterior”, señaló, añadiendo que la situación dejó dudas sobre la dirección del combate a la corrupción.
Castellanos cuestionó la reciente amnistía y el rango constitucional otorgado al decreto 04-2022, argumentando que, aunque no se opone a la amnistía en sí, esta dejó en libertad a personas que no estaban relacionadas con la llamada «cuarta urna». Asimismo, criticó el caso del narcovideo que involucra al cuñado de la presidenta Xiomara Castro, instando al Ministerio Público a presentar un requerimiento fiscal en ese asunto.
