Justicia Divina: La única esperanza de los hondureños, ante décadas de mora investigativa
Raquel Amaya
Master en Criminología
Los hondureños hemos perdido total confianza en los entes de seguridad y justicia, debido a las altas tasas de impunidad que imperan en el país, comenzando por el sistema de investigación criminal, año tras año, gobierno tras gobierno, venimos escuchando las mismas promesas de campañas políticas y creaciones de leyes que no quedan mas que en papel mojado.
Desde la esfera policial, quienes se suponen son los encargados de dichas investigaciones y de brindar esa seguridad tan anhelada por los hondureños, podemos notar la deficiencia en el tema investigativo, pero la verdadera interrogante, no debería centrarse en la deficiente labor investigativa de dicha entidad, sino ¿Que han hecho realmente los gobiernos para corregir estas deficiencias? Pareciera que invertir en una investigación criminal eficiente, no ha sido una prioridad para quienes han tenido en sus manos el poder y la responsabilidad de garantizar justicia y seguridad. Probablemente ha resultado más conveniente invertir los recursos a otros asuntos totalmente ajenos al beneficio del pueblo, mientras este continúa a la espera de respuestas, clamando por una justicia que tarda en llegar o en la mayoría de los casos, no llega. Viendo la otra cara de la moneda, desde el punto de vista de quien delinque, también resulta interesante preguntarse cómo percibe este, el sistema de justicia y principalmente la posibilidad de ser descubierto y sancionado. Es muy probable que al igual que la ciudadanía, también observe la lentitud del sistema de investigación criminal, lo que podría convertirse en un incentivo adicional para cometer el delito, al percibir que las posibilidades de ser capturado, investigado y sancionado son mínimas. Cuando la percepción del riesgo disminuye, el castigo pierde su efecto, lo que paradójicamente convierte a la impunidad como un terreno fértil para que el delito continue.
Honduras, el país de las prioridades invertidas Si nos centramos en el tema monetario, solo en 2024 se destinaron 2,175 millones de lempiras a la investigación delictiva, una cifra considerable, la cual debería verse reflejada en la disminución de la mora investigativa que por décadas arrastra el país. Sin embargo, los datos cuentan una realidad complemente distinta, según medios de comunicación: en el año 2023 se reportaba que ocho de cada diez crímenes no eran investigados y que la mora alcanzaba un 86% en 18 unidades policiales; dos años más tarde también se reportaba que el 90% de las masacres registradas en el primer semestre del 2025 permanecía en total impunidad. Entonces con estos datos, es imposible que no nos surja la interrogante: ¿Dónde fue a parar ese dinero? Porque, el problema ya no parece reducirse a los recursos que se asignan, sino qué se hace con ellos y cuáles son las verdaderas prioridades de los gobiernos. Basta con recordar como en el gobierno de Juan Orlando Hernández se destinaron fondos de la Tasa de Seguridad para la compra de un avión presidencial, cuyo precio rondó los 14.8 millones de dólares, compra que por años fue presentada a la población como una donación del gobierno de Taiwán, pero que años más tarde se reveló la proveniencia de dicha compra. Cabe señalar, que, durante ese periodo, Honduras enfrentaba cifras alarmantes de violencia e impunidad. Es en este punto, donde como población nos encontramos en total derecho de cuestionar ¿qué están haciendo con los recursos destinados a nuestra seguridad? ¿a los bolsillos de quien va a parar? O ¿Acaso es más urgente para Honduras, la compra de un avión privado para la seguridad del presidente, mientras miles de hondureños siguen esperando que se investiguen los crímenes que les arrebataron a sus familiares?
Y si hablamos de resultados, las cifras no concuerdan con las promesas. Podrían escribirse páginas completas sobre crímenes cometidos años atrás y que al día de hoy continúan en la más completa impunidad. Solo en 2022 de las 3433 muertes violentas registradas en Honduras, apenas 671 expedientes fueron remitidos por la DPI al Ministerio Público, mientras 2,762 quedaron pendientes de investigación. Hasta aquí tenemos claro que, hay presupuesto, hay leyes, hay instituciones, hay policías, hay fiscales, entonces la pregunta resulta inevitable ¿Dónde está el atasco que no permite a las autoridades convertir estos recursos en resultados concretos? Porque si después de tantos años seguimos contando muertos y acumulando expedientes que jamás darán respuestas, quizá el problema ya no sea, cuánto tenemos para investigar, si no, cuánta voluntad hay por parte de las autoridades para hacerlo.
Un buen inicio para soltar este nudo ciego, podría ser exigir que cada lempira destinado a este fin, se traduzca en resultados verificables, pero, ¿Cómo exigir resultados cuando la propia entidad encargada de estas investigaciones presenta carencias tan evidentes? La mora investigativa de la DPI se estima entre un 70% y un 80%, mientras que la ATIC pasó de contra con 450 investigadores a solo 160 en 2025, a esto sumamos que el sistema balístico IBIS permaneció cinco años sin mantenimiento, lo que obligó a los peritos a recurrir a técnicas más lentas para la identificación de armas vinculadas a delitos.
Entonces, es obligatorio volver a las preguntas incomodas, si contamos con presupuesto para la investigación criminal, ¿qué es lo que está fallando y por qué no se están viendo los resultados esperados? Queda claro que, a este paso, la justicia terrenal tardará demasiado o jamás llegará, mientras los hondureños seguimos esperando respuestas de casos que simplemente no avanzan, no queda mas que aferrarnos a algo que aun podemos conservar: La fe.
