María Antonieta Mejía señala sobrevaloración y fondos consumidos en proyectos hospitalarios
La designada presidencial María Antonieta Mejía afirmó este viernes que los tan mencionados ocho hospitales no existen como tal, pues únicamente seis están en construcción y de ellos solo uno, el de Choluteca, presenta un avance del 62 %. Los demás permanecen en obra gris inconclusa.
Mejía explicó que cuatro de los hospitales se edifican con fondos del BCIE y el BID, con avances entre el 20 % y 40 %, a los cuales el gobierno dará seguimiento oportuno.
En contraste, los dos hospitales financiados con recursos nacionales apenas alcanzan un 20 % de ejecución, pese a que los fondos ya fueron consumidos. “Fueron inteligentes en dejar las paredes puestas para aparentar adelanto, pero construir un hospital exige normas técnicas internacionales”, señaló.
La funcionaria agregó que otros dos proyectos, los hospitales de trauma de San Pedro Sula y Tegucigalpa, quedaron únicamente en papeles. Además, denunció que el grado de avance no corresponde con los pagos realizados a las empresas constructoras, lo que evidencia sobrevaloraciones y posibles irregularidades.
En el caso del hospital de Santa Bárbara, Mejía detalló que inicialmente se proyectaron 184 camas en 69 mil metros de construcción, pero el entonces ministro de la SIT, Mauricio Ramos, redujo la obra a 26 mil metros, levantando la estructura en un terreno con problemas de propiedad.
Similar situación ocurre en Ocotepeque, donde se diseñó un hospital de 36 camas en 35 mil metros, pero apenas se construyeron 9 mil.
La designada presidencial aseguró que el gobierno anterior “infló” los presupuestos y que ya se solicitó a los entes contralores y judiciales deducir responsabilidades.
Por su parte, el ministro de Estrategias, José Argueta, coincidió en que “los ocho hospitales nunca existieron”, precisando que el más avanzado apenas llega al 40 %. Añadió que tres de los proyectos serán intervenidos por el Tribunal Superior de Cuentas debido a sobrevaloraciones y problemas de terreno, incluyendo uno construido sobre una quebrada subterránea que se hundió en su primera etapa.
Argueta anunció que en un plazo de 90 días se presentará un informe que definirá si las obras continúan o se descartan, subrayando que el país no puede seguir invirtiendo recursos públicos en proyectos fallidos.
