Al menos 660 agentes de seguridad fueron denunciados, durante la vigencia del estado de excepción, ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) desde que la medida se puso en vigencia hasta julio del 2024, informó este ente estatal.
Iliana Licona, oficial jurídico del CONADEH, declaró que desde el inicio del estado de excepción esta Institución Nacional de Derechos Humanos ha sido muy clara con su postura sobre la no prolongación de dicha medida y ha advertido sobre el abuso y la desnaturalización de esa figura.
Una suspensión de garantías no puede funcionar como política de Estado, incluso hay estándares internacionales de derechos humanos que señalan que la suspensión de garantías no debe utilizarse como política para combatir la criminalidad común, dijo.
Explicó que el CONADEH ha llevado un registro de quejas desde la implementación del estado de excepción en diciembre del 2022 y, hasta julio del 2024, hay más de 660 quejas en contra de agentes de seguridad.
Los más denunciados, según el CONADEH, son los miembros de la Policía Nacional con 248 quejas, seguida por la Dirección Policial Anti Maras y Padillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) con 177 y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) con 127.
Licona detalló que, según las quejas atendidas por el CONADEH, están relacionadas con el uso desproporcionado de la fuerza durante los allanamientos o las detenciones, la incriminación con medios de pruebas falsas o con motivos aparentemente no comprobables y daños a la propiedad privada.
Recordó que el CONADEH ha realizado informes no solo sobre la efectividad de la medida, sino que también sobre el impacto desproporcionado sobre los derechos de las personas principalmente sobre las mujeres.
Hemos emitido tres informes respecto a las vulneraciones a los derechos humanos durante el estado de excepción, el ultimo relacionado con la violencia de genero donde quedó evidenciado que las mujeres no solo se enfrentan a violencia la física y verbal, en el marco de la implementación del Decreto Ejecutivo, sino que también a la violencia sexual.
Esto causa bastante ruido debido a que es una obligación reforzada, por parte de los agentes de seguridad pública, proteger los derechos de las mujeres, al encontrarse éstas en un contexto de violencia bastante delicado en el país, agregó
El CONADEH ha argumentado en reiteradas ocasiones la no ampliación del estado de excepción por los motivos mencionados y ha recomendado la construcción de una política de seguridad basada en derechos humanos y con un enfoque de género, concluyó.
En más de 20 meses de vigencia del estado de excepción, 16 departamentos del país fueron escenario de cerca de 70 masacres, de tres o más víctimas.
