En un mensaje transmitido en cadena nacional, el ministro de Transparencia, Sergio Vladimir Coello, reveló graves deficiencias en la gestión del Fondo de Administración Solidaria por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
Tras un análisis técnico detallado, el Ministerio de Transparencia identificó serias falencias en la documentación, emisión de cheques, controles internos, ejecución y liquidación de gastos, lo que pone en duda la adecuada administración de los recursos asignados.
Este pronunciamiento representa un golpe a la credibilidad del manejo de fondos públicos y pone en entredicho el discurso de transparencia del actual gobierno.
“Hemos constatado deficiencias relevantes en la gestión administrativa y financiera del fondo”, afirmó Coello.
De acuerdo con lo expresado por Coello, el fondo asciende a 950 millones de lempiras distribuidos para los e jercicios fiscales de 2023, 2024 y 2025. Este presupuesto estaba destinado a proyectos de infraestructura menor, obras sociales y programas de becas enfocados en beneficiar a comunidades, patronatos, juntas de agua, alcaldías y organizaciones sociales.
Como respuesta inmediata, el ministro anunció el despliegue de personal técnico a diversas zonas del país, con el fin de realizar verificaciones físicas de los proyectos reportados y los beneficiarios involucrados. Esta medida busca confirmar la ejecución real de las inversiones y evitar el uso indebido de fondos públicos.
Coello destacó que la creación de la Secretaría de Transparencia responde al compromiso del gobierno por promover la rendición de cuentas y prevenir la corrupción. “Ratificamos nuestro compromiso de cumplir eficazmente nuestra misión, con firmeza y apego a la ley”, concluyó.
El informe no solo expone irregularidades administrativas, sino que también deja en evidencia una fragilidad institucional dentro de SEDESOL, que ahora se encuentra bajo creciente escrutinio ciudadano y gubernamental.
El informe fue presentado en respuesta a la instrucción girada por la presidenta Xiomara Castro, quien otorgó un plazo de 72 horas para esclarecer el uso de estos fondos.
