El nuevo gobierno eliminará del Presupuesto General la denominada partida confidencial que ponía a disposición de la actual presidenta más de 17 mil millones de lempiras cada año sin obligación de brindar cuentas de su uso.
La medida busca transparentar el manejo de los recursos públicos y evitar que se destinen fondos sin supervisión ni fiscalización.
Con esta decisión, se pretende fortalecer los mecanismos de control y garantizar que el presupuesto nacional se ejecute bajo criterios de responsabilidad y rendición de cuentas.
La partida confidencial ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores sociales y políticos, quienes cuestionaban la falta de claridad en su uso y la concentración de poder en el Ejecutivo.
La eliminación de este rubro marca un cambio en la política fiscal y abre el debate sobre la necesidad de mayor vigilancia en la administración de los fondos estatales.
