La directora de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Elizabeth Rodríguez, informó este lunes que la institución enfrenta una demanda por 90 millones de lempiras, situación que calificó como delicada debido a que el embargo afecta directamente el presupuesto de funcionamiento.
“Así la institución no puede crecer, estamos hablando de 90 millones de lempiras y estamos atados”, expresó Rodríguez, al señalar que la medida limita la capacidad operativa de la entidad.
La funcionaria explicó que existen bienes bajo el resguardo de la OABI que requieren del acercamiento con otras instituciones para poder presentar las denuncias correspondientes, ya que algunos de estos activos figuran a nombre de terceros, lo que representa otra dificultad encontrada en la administración.
Rodríguez adelantó que este miércoles se presentarán ante el Ministerio Público para solicitar acciones contra exfuncionarios que mantienen bajo su poder bienes que deberían estar administrados por la institución.
La directora de la OABI sostuvo una reunión con el procurador general Dagoberto Aspra y la coordinadora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, en la que se abordó la situación crítica que atraviesa la entidad y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y recuperación de bienes incautados.
Este escenario refleja los retos que enfrenta la OABI en el cumplimiento de su mandato, en medio de procesos legales que comprometen su estabilidad financiera y operativa.
