Arístides Mejía del Partido Liberal de Honduras reveló que ese instituto político presentó impugnación a más de 19 mil actas por encontrar irregularidades e indicios de fraude.
El anuncio del Partido Liberal de Honduras de impugnar más de 19 mil actas electorales vuelve a colocar bajo escrutinio la transparencia del proceso del 30 de noviembre y expone, una vez más, las debilidades estructurales del sistema electoral hondureño.
La denuncia, encabezada por Arístides Mejía y reforzada por el presidenciable Salvador Nasralla, no solo apunta a irregularidades técnicas, sino a patrones que, según el instituto político, configuran indicios claros de manipulación sistemática.
Nasralla detalló que los departamentos de Lempira, Olancho, Francisco Morazán, El Paraíso y Santa Bárbara concentran los mayores indicios de fraude. La afirmación no es menor: se trata de zonas históricamente sensibles en materia electoral, donde la logística, la vigilancia y la cadena de custodia suelen presentar fallas recurrentes.
El propio presidenciable calificó a El Paraíso y Lempira como “departamentos conflictivos”, una etiqueta que, aunque conocida, evidencia la incapacidad del sistema para corregir viejos vicios.
A través de su cuenta en la red social X, Nasralla confirmó haber recibido 19,143 actas de un total de 19,167, lo que deja apenas un puñado pendiente. Sin embargo, más allá del número, el señalamiento central es la exigencia de un conteo voto por voto en las urnas donde hubo ausencia de biometría o registro parcial, que según él representan el 93 % del total. Si ese dato se sostiene, implicaría que casi todo el proceso se desarrolló bajo condiciones que facilitan inconsistencias y abren la puerta a la manipulación.
El Partido Liberal sostiene que las irregularidades detectadas constituyen una “desviación atípica” en la diferencia de votos entre su candidato y el del Partido Nacional. Nasralla incluso subrayó que existen actas con más votos nulos que la diferencia entre ambos aspirantes, un indicador que, de confirmarse, debería activar alarmas institucionales y no solo partidarias.
El detalle de las actas aún no recibidas —una en San Pedro Sula, una en Yamaranguila, dos en Olanchito, seis en Santa Bárbara, dos en Gualala, una en Naranjito, dos en San Pedro de Zacapa, una en Colón, entre otras— revela un patrón disperso pero significativo. No se trata de simples retrasos administrativos: en un contexto de sospecha, cada acta pendiente se convierte en un punto de tensión y desconfianza.
Un síntoma de un problema mayor
La impugnación masiva no solo cuestiona los resultados preliminares, sino la credibilidad del sistema electoral. La falta de biometría, la presencia de actas con inconsistencias y la concentración de anomalías en departamentos históricamente vulnerables exponen un problema que trasciende al Partido Liberal: la fragilidad institucional del proceso democrático.
Mientras no exista una auditoría independiente, un sistema de transmisión robusto y una supervisión real en zonas críticas, cada elección seguirá repitiendo el mismo guion: denuncias, impugnaciones, incertidumbre y una ciudadanía atrapada entre la desconfianza y la resignación.
