La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó este miércoles que al menos cuatro bufetes de abogados han sido identificados en investigaciones por presuntos fraudes millonarios contra el Estado, mediante embargos ilegales, exhortos falsificados y la instrumentalización del sistema judicial.
El procurador general, Dagoberto Aspra, señaló que el Ministerio Público ya maneja líneas de investigación avanzadas. Aunque evitó calificarlos como mafias, reconoció la gravedad de los hechos.
“Ni siquiera había una demanda, falsificaron el exhorto, el documento con el que embargaron las cuentas del Estado. Miren la gravedad de las cosas”, subrayó.
Las jurisdicciones de Choluteca, La Ceiba y Juticalpa fueron identificadas como de mayor riesgo, donde se repite un patrón de demandas que evidencia manipulación de la justicia. Además, cuatro agentes de la PGR fueron remitidos al Ministerio Público por omisión y negligencia en la defensa del Estado.
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, calificó la denuncia como “muy seria” y respaldó la necesidad de una investigación profunda. Reconoció que una minoría de abogados ha incurrido en prácticas irregulares, muchas veces en colusión con funcionarios públicos.
Solórzano advirtió sobre prácticas como la homologación de acuerdos fraudulentos, reajustes salariales prescritos y conciliaciones irregulares en municipalidades, que han generado perjuicios millonarios. Según el Poder Ejecutivo, los embargos sumarían más de 3,600 millones de lempiras.
El titular del gremio también denunció abusos en procesos laborales, incluyendo casos en los que abogados compran demandas como una “tasa de inversión”. Finalmente, llamó a identificar a los responsables sin generalizar al gremio, destacando que se trata de pequeños grupos que han dañado la imagen de la profesión.
