La presidenta Xiomara Castro instó este miércoles a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a resolver con rapidez la controversia sobre el decreto legislativo que ordena un reconteo voto por voto.
La mandataria subrayó que su período concluye el 27 de enero de 2026, fecha en la que entregará el poder “con la frente en alto” y en cumplimiento estricto de la Constitución.
Durante una gira de trabajo en Choluteca, donde supervisó la construcción del hospital regional del sur “María Josefa Lastiri”, Castro reiteró que desea dejar al país en “paz y tranquilidad” y que las instituciones electorales deben actuar para evitar una crisis política.
La presidenta enfatizó que las inconsistencias en las actas pendientes del Consejo Nacional Electoral (CNE) deben resolverse para garantizar estabilidad.
Reiteró que su mandato terminará “ni un día más ni un día menos” de lo establecido constitucionalmente.
En su mensaje, pidió a la CSJ actuar con celeridad: “El pueblo hondureño sabe lo que pasó en este proceso electoral. Lo conoce perfectamente”.
Paralelamente, destacó que su gestión deja “los mejores indicadores históricos” en áreas como salud, educación, economía y seguridad.
El discurso de Xiomara de Zelaya refleja tanto la narrativa de cierre de gestión como la tensión institucional que marca el final de su mandato: La presidenta busca proyectar una imagen de logros históricos, apoyándose en obras como hospitales regionales. Sin embargo, el énfasis en el conflicto electoral revela que la estabilidad política es aún una deuda pendiente.
Al pedir a la Corte resolver el decreto de reconteo, la mandataria reconoce que la transición pacífica depende de decisiones judiciales. Esto expone la fragilidad del sistema electoral y la falta de confianza en que las instituciones actúen con autonomía y transparencia.
El llamado de Xiomara de Zelaya a la CSJ sintetiza el dilema de su cierre de gobierno: entregar un país con obras visibles y un discurso de indicadores positivos, pero marcado por un conflicto electoral que amenaza la estabilidad institucional.
La transición del 27 de enero de 2026 será no solo un acto constitucional, sino también una prueba de la capacidad de las instituciones hondureñas para garantizar paz y credibilidad en medio de tensiones políticas.
