El Procurador General de la República, Dagoberto Aspra, afirmó que la agenda de transparencia impulsada desde la Procuraduría será fortalecida con la nueva Ley Antisoborno, cuyo dictamen corresponderá al Congreso Nacional.
Aspra explicó que esta normativa fue elaborada en conjunto con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Secretaría de Finanzas, tomando como referencia modelos exitosos de países latinoamericanos como Chile y República Dominicana.
La propuesta incluye la transformación de la actual oficina normativa de compras y contrataciones en una agencia reguladora denominada ARCE, adscrita a Finanzas, que operará principalmente mediante compras electrónicas.
El funcionario destacó que este mecanismo permitirá garantizar certeza y transparencia en las operaciones, evitando la manipulación por parte del recurso humano.
La ARCE proyectará las compras públicas en un portal interactivo en tiempo real, con un sistema centralizado, compradores y proveedores certificados, además de un catálogo de productos reforzado por la nueva ley de cumplimiento antisoborno.
Aspra subrayó que la normativa exigirá a los contratistas contar con un sistema de cumplimiento antisoborno certificado bajo la norma ISO 37001, requisito indispensable para poder contratar con el Estado.
El Procurador también señaló que la iniciativa permitirá identificar posibles conflictos de interés, vínculos con personas políticamente expuestas o negociaciones incompatibles, lo que garantizará mayor control sobre los proveedores del Estado.
En ese sentido, aseguró que la agenda anticorrupción del gobierno se materializará en acciones concretas que generarán confianza ciudadana en la lucha contra la corrupción.
En otro tema, Aspra informó que la Procuraduría presentó denuncias contra jueces de jurisdicciones consideradas de alto riesgo, como Tegucigalpa, Choluteca, Juticalpa y La Ceiba, por procesos que han afectado gravemente las finanzas estatales.
Tras reunirse con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, dijo sentirse satisfecho por la seriedad con que se tomó la denuncia y por la activación de la supervisión nacional para investigar a los jueces señalados. Sin embargo, expresó dudas sobre las acciones finales que deberá emprender el Ministerio Público, al considerar que de esa institución depende la resolución definitiva de los casos.
Aspra concluyó que fue sorpresivo constatar cómo numerosas demandas ya estaban listas para materializar embargos contra el Estado, lo que refuerza la urgencia de avanzar en reformas legales y mecanismos de control que protejan las finanzas públicas.
