El decreto que restringe las atribuciones administrativas de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, fue publicado en el diario oficial La Gaceta, entrando en vigencia de manera inmediata.
La disposición modifica el artículo tres del decreto legislativo 282-2010, que otorgaba a la presidencia del Poder Judicial la facultad de seleccionar, nombrar, ascender, trasladar y permutar jueces, magistrados, defensores públicos, supervisores y personal administrativo.
Con la reforma, estas funciones deberán ejercerse con la previa aprobación del Plan Operativo Anual (POA) por parte del pleno de magistrados y se establece la obligación de rendir informes trimestrales.
El artículo transitorio señala que, hasta que el Congreso Nacional elija a los miembros del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, será el pleno de los quince magistrados propietarios de la CSJ el que ejercerá dichas facultades. En cuanto a procesos disciplinarios y despidos, se establece que al menos tres magistrados deberán conocer los casos, garantizando el derecho a la defensa y el debido proceso.
El decreto también estipula que las decisiones del pleno serán válidas únicamente cuando alcancen el voto favorable de la mitad más uno de los magistrados, y deberán ejecutarse en un plazo máximo de diez días.
Asimismo, se ordena que la CSJ presente en un plazo de sesenta días la iniciativa de ley para crear la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. En caso de no hacerlo, cualquier diputado podrá introducir la propuesta.
Con la publicación en La Gaceta, las nuevas disposiciones deben aplicarse de inmediato dentro del máximo órgano judicial del país, marcando un cambio significativo en la administración del Poder Judicial.
