En medio de un clima político tenso, han surgido rumores sobre un supuesto intento de sabotaje a las elecciones generales, en el que se señalan sospechas que participarían las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA).
Según diversas denuncias, altos mandos de las Fuerzas Armadas habrían sostenido reuniones con figuras políticas clave del gobierno de Libre para alterar informes relacionados con el proceso electoral.
Estas acusaciones apuntan a una posible coordinación para manipular los resultados y beneficiar intereses del partido de gobierno.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, ha señalado que estas reuniones buscan culpar exclusivamente al CNE por irregularidades en las elecciones primarias, mientras se desvincula a los responsables militares.
Ante las críticas contra las FFAA, el asesor presidencial y exmandatario Manuel Zelaya ha expresado su “total respaldo “al jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández”.
Zelaya ha calificado las acusaciones como “calumnias infundadas” provenientes del Partido Nacional, y ha defendido la integridad de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral. Además, ha exigido al CNE que culmine con transparencia el conteo final de las elecciones y publique los resultados.
Las reacciones de los actores políticos no se han hecho esperar, mostrando una amplia gama de posturas.
El enfrentamiento entre la consejera electoral, López, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, impacta en la institucionalidad y le resta legitimidad al proceso electoral.
¿Es parte de un plan político-militar como lo denunció la representante del Partido Nacional? ¿Existe una conspiración del nacionalismo para perjudicar a las Fuerzas Armadas, según el criterio del consejero electoral por Libre, Marlon Ochoa?
En el marco de las tensiones políticas que rodean las elecciones generales en Honduras, han surgido acusaciones que han encendido el debate público. Por un lado, la representante del Partido Nacional ha denunciado la existencia de un supuesto plan político-militar para influir en el proceso electoral.
Por otro lado, el consejero electoral por Libre, Marlon Ochoa, ha señalado que existe una conspiración del nacionalismo para desacreditar a las Fuerzas Armadas.
Según el Partido Nacional el plan político-militar estaría diseñado para manipular el desarrollo de las elecciones generales. La denuncia incluye señalamientos sobre reuniones estratégicas entre actores políticos y militares, con el objetivo de alterar los resultados y consolidar intereses específicos.
En contraste, Marlon Ochoa, consejero electoral por Libre, afirmó que las Fuerzas Armadas están siendo víctimas de una campaña de desprestigio liderada por sectores nacionalistas.
Las acusaciones han generado un intenso debate en la opinión pública y entre los actores políticos. Mientras algunos sectores exigen una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos, otros llaman a la calma y a la unidad para garantizar un proceso electoral transparente y justo.
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Aunque la cúpula de la institución castrense se ha comprometido a garantizar la alternancia en el poder y la realización de comicios generales limpios y confiables, lo cierto es que ha resurgido con fuerza la tesis de una trama para impedir las elecciones de noviembre.
El mismo expresidente Porfirio Lobo Sosa ha reiterado que su predecesor, Manuel Zelaya Rosales, tiene lista una maniobra para dar al traste con los comicios presidenciales y, por esta vía, perpetuar a Libre en el poder.
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Éste es un nuevo capítulo en la vergonzosa historia de conspiraciones políticas, fraudes y violaciones a la voluntad del pueblo expresada en las urnas.
Como es conocido, el clima se ha agitado luego que la consejera López reveló que la cúpula de la Fuerzas Armadas se reunió con el exmandatario Zelaya Rosales y con la aspirante Rixi Moncada para falsear el informe sobre el desastre de las justas internas y primarias, a efecto de hacer caer toda la culpa al organismo electoral.
La consejera electoral del Partido Liberal, Ana Paola Hall, de su lado, ha reaccionado para denunciar la intención clara de desacreditar el proceso y para llamar a que se tome el compromiso de defender la democracia.
En medio de este enjambre de políticos y militares, el representante de Libre, Marlon Ochoa ha sido el promotor de la retención de casi 29,000 actas que presentan inconsistencias en la lectura de la huella de los votantes y que se ha planteado que sean objeto de un escrutinio diferenciado y especial.
Más significativo aún es que el consejero Ochoa se ha hecho eco del discurso político del general Hernández. Ha salido a defender a la institución castrense y a responsabilizar a su compañera López de ser la principal culpable del transporte y distribución tardía de las maletas electorales.
Analistas de la política y académicos han alertado que en el horizonte institucional de Honduras se observan señales que no hay que ignorar, porque tienen que ver con el riesgo de que las elecciones presidenciales de noviembre no se lleven a cabo y se dé un “golpe” a la democracia.
