La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió a trámite el recurso de amparo presentado por la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López Osorio, y ordenó la suspensión de las diligencias investigativas en su contra.
La resolución implica que el Ministerio Público no podrá emitir requerimiento fiscal mientras no exista un juicio político en el Congreso Nacional que determine responsabilidades.
Fuentes judiciales revelaron que el amparo había sido admitido desde el 29 de octubre de 2025, pero no se notificó oportunamente a las partes, a diferencia del caso de la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, cuyo fallo trascendió recientemente y también suspendió las investigaciones en su contra.
López Osorio era investigada por los delitos de traición a la patria, prevaricato administrativo, abuso de autoridad y violación de deberes de los funcionarios.
La denuncia fue interpuesta por su colega en el pleno del CNE, Marlon Ochoa, quien aseguró tener audios que la vinculaban con un jefe de bancada del Congreso Nacional en un plan para desacreditar el proceso electoral de 2025.
El Fiscal General, Johel Zelaya, confirmó públicamente la existencia de los audios y señaló que estos mostraban una supuesta conspiración entre una consejera del CNE, un diputado y un militar activo.
Horas antes de conocerse la resolución, López Osorio denunció públicamente un retraso prolongado en la tramitación de su amparo, acusando a la justicia de ser selectiva y de permitir chantajes y negociaciones políticas.
La decisión de la Sala Constitucional abre un debate profundo sobre la independencia judicial y la politización de la justicia en Honduras.
El reclamo de López Osorio sobre la rapidez con que se resuelven ciertos casos frente al retraso de otros refleja un patrón de discrecionalidad que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.
Protección política vs. rendición de cuentas: Al supeditar la acción penal a un juicio político en el Congreso, se traslada la responsabilidad a un órgano eminentemente político, lo que puede interpretarse como un blindaje institucional para figuras clave del proceso electoral.
Impacto en la credibilidad electoral: Las acusaciones de conspiración para desacreditar las elecciones de 2025, sumadas a la suspensión de investigaciones, alimentan la percepción de que el sistema electoral está sometido a pactos y presiones externas.
Precedente institucional: El caso de López Osorio se suma al de Ana Paola Hall, mostrando un patrón de resoluciones que favorecen a consejeras del CNE. Esto podría interpretarse como un intento de preservar la estabilidad del órgano electoral, pero también como una señal de impunidad frente a denuncias graves.
El fallo de la Sala Constitucional no solo detiene las investigaciones contra López Osorio, sino que expone las tensiones entre justicia, política y poder electoral en Honduras. La narrativa de “justicia selectiva” denunciada por la consejera encuentra eco en la forma en que se manejan los tiempos y prioridades judiciales. En un contexto de elecciones generales, estas decisiones no solo afectan a las personas involucradas, sino que ponen en entredicho la credibilidad del sistema democrático y la confianza ciudadana en sus instituciones.
