La ministra de Salud, Carla Paredes, anunció que el Estado asumirá gradualmente los servicios que se les brinda a los pacientes renales, quienes este día bloquearon la carretera CA-5 a la altura del Durazno.
“Vamos a asumir progresivamente los servicios prestados a los pacientes renales, ya estamos revisando reformas a la Ley del Paciente Renal”, afirmó Paredes.
Además, agregó que “luego de un proceso de licitación, nuestros centros estarán en condiciones de asumir la atención total a los pacientes renales”.
Paredes dijo que son respetuosos de la ley al cumplir con lo establecido por la Ley de Contratación de pagar a la empresa que legalmente ganó una adjudicación.
“Hay dos empresas en Tegucigalpa y el paciente que sienta que su vida está en peligro porque le han cerrado la empresa lo denuncia y se va a la otra, me hago responsable de ese traslado”, señaló Paredes.
Añadió que con la salud de pueblo no se debe jugar porque como Estado se hacen todos los esfuerzos y colocando el presupuesto que se requiere para garantizar el derecho.
“Prácticamente el 99.9% (presupuesto 2023) se lo quedo una empresa, pero ahora como hay competencia, estamos en la contratación y por eso son las tomas que han convocado 8 empresas”, apuntó.
En la protesta los pacientes demandaron su derecho a elegir el lugar donde reciben su tratamiento y solicitan ser acreditados para continuar con la diálisis en el centro médico de su elección.
La situación se ha vuelto crítica debido a la disputa entre dos empresas proveedoras de servicios médicos, Diálisis de Honduras S.A y Nefrocentro, lo que ha dejado en vilo a aproximadamente 4 mil pacientes con insuficiencia renal crónica.
A pesar de que ambas empresas ofrecen tratamientos de hemodiálisis y diálisis peritoneal, los pacientes insisten en recibir un trato más humano y cálido, especialmente aquellos que son adultos mayores y tienen limitaciones de movilidad.
