Transparencia estratégica: proteger sin ocultar

Durante años, la transparencia y la seguridad fueron presentadas como conceptos opuestos. Por un lado, se defendía la necesidad de abrir la información pública para fortalecer la democracia y la confianza ciudadana. Por otro, se argumentaba que la protección de información sensible requería limitar el acceso para evitar riesgos. Sin embargo, esta visión plantea una falsa contradicción.

Un Estado moderno necesita transparencia, pero también necesita inteligencia estratégica que vele por la seguridad. La transparencia permite combatir la corrupción, fortalecer las instituciones y garantizar que las decisiones públicas respondan al interés nacional. La seguridad permite proteger aquellos elementos cuya exposición puede afectar la soberanía, la continuidad operativa, la infraestructura crítica o la capacidad de negociación del país.

Para Honduras, el tema resulta especialmente relevante en momentos en que se debaten temas relacionados con la energía, ciberseguridad, escasez de alimentos, sequía e infraestructura en donde las regulaciones claras, las alianzas estratégicas, la capacidad institucional, el monitoreo permanente y una adecuada gestión de información son indispensables.

En este contexto, la transparencia contractual adquiere una importancia fundamental. La falta de supervisión en sectores críticos puede generar vulnerabilidades relacionadas con dependencia tecnológica, acceso indebido a información, captura institucional o pérdida de capacidad estatal. La corrupción deja de ser únicamente un problema administrativo cuando afecta áreas estratégicas para el funcionamiento del país. Las decisiones administrativas pueden también producir efectos de seguridad nacional.

Sin embargo, proteger información sensible no debe convertirse en una justificación para ocultar decisiones públicas, limitar controles o impedir la rendición de cuentas. La seguridad nacional requiere legitimidad, y la legitimidad requiere confianza ciudadana. Por ello, Honduras necesita fortalecer mecanismos que permitan diferenciar claramente entre información pública, información reservada e información confidencial, estableciendo criterios técnicos, controles externos y procesos de revisión.

Es aquí en donde la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a través del Instituto de Acceso a la Información Pública deberá atender cualquier solicitud de reserva de información luego de la derogación en 2022 de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional.

La inteligencia estratégica también debe asumir un papel central en esta transformación y en el caso de Honduras, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) deben cumplir con la misión establecida en sus respectivas leyes. Su función no debe limitarse a amenazas tradicionales, sino incorporar riesgos relacionados con infraestructura crítica, inversión extranjera, tecnología, datos, telecomunicaciones y competencia geopolítica. La inteligencia moderna permite anticipar escenarios y apoyar decisiones antes de que los riesgos se conviertan en crisis.

Honduras necesita avanzar hacia una cultura donde la transparencia y la seguridad sean elementos complementarios. La transparencia debe servir para fortalecer la confianza y la supervisión; la seguridad debe proteger aquello que realmente requiere protección.

La conclusión estratégica es que un Estado pequeño como Honduras la verdadera vulnerabilidad no surge de compartir información responsablemente, sino de carecer de la capacidad para identificar qué información debe abrirse, cuál debe protegerse y cómo utilizarla para defender los intereses nacionales.