El Sistema Nacional de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia en Honduras, enfrenta una crisis profunda que ha puesto en peligro la vida y seguridad de ciudadanos cobijados bajo este mecanismo, revela un análisis presentado este martes por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Honduras ha sido clasificado entre los países más peligrosos del mundo para los defensores de derechos humanos durante los últimos dos años. En 2022, Global Witness alertó que el país tuvo el mayor número de personas defensoras asesinadas per cápita en el mundo; en 2023, según cifras analizadas por ASJ, Honduras ocupó el segundo lugar.
El Mecanismo de Protección, conformado por diversas instituciones del Estado, gremios y organizaciones de la sociedad civil, con la observación del CONADEH y la OACNUDH, ha sido esencial para la protección de personas en riesgo desde su creación en 2015; sin embargo, su funcionamiento ha sido limitado.
A partir de 2020, la situación empeoró. El retiro temporal del Consejo Nacional de Protección por parte de algunos gremios, como el Colegio de Periodistas en 2020 y el Colegio de Abogados en 2021, evidenció la falta de protección efectiva para sus miembros. A esto se suman denuncias de abuso y maltrato en la Secretaría de Derechos Humanos y el asesinato de siete activistas en 2023, seis de los cuales habían recibido medidas de protección. Además, los despidos masivos, renuncias y la conflictividad en la Secretaría de Derechos Humanos han debilitado aún más el mecanismo.
En 2023, aunque se logró la mayor asignación presupuestaria desde la creación del Mecanismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionó si el gobierno actual lo debilitó con despidos masivos de personal capacitado por razones políticas y la asignación presupuestaria desproporcional en las medidas de protección, pues seis casos absorbieron el 83 % del presupuesto.
Como respuesta institucional ante la situación de vulneración de defensores, en 2018 se creó la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH); sin embargo, 96 % de los casos terminan en cierres administrativos.
Ante los hallazgos de este análisis, ASJ recomienda la designación urgente de una comisión independiente para supervisar y recomendar cambios al Mecanismo de Protección, así como fortalecer las capacidades técnicas y la coordinación interinstitucional para brindar un mejor servicio a los beneficiarios. Es crucial también lograr una mayor participación de las organizaciones de sociedad civil y atender sus quejas y sugerencias para mejorar la efectividad del Mecanismo.
