El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó la cuarta edición de su informe “Del Congreso que votamos al Congreso que tenemos”, en el que se analiza la gestión parlamentaria del Congreso Nacional durante el período 2022-2026, con especial énfasis en el año 2024.
El estudio revela que la administración legislativa encabezada por Luis Redondo destinó más de 1,500 millones de lempiras en subsidios y viáticos, recursos que el organismo anticorrupción califica como de difícil justificación y que reflejan un uso cuestionable de fondos públicos.
Productividad legislativa en declive
La radiografía ciudadana, elaborada a través del Mecanismo de Incidencia Ciudadana (MIC) bajo la iniciativa Congresista 129, evidencia que la productividad legislativa continúa en descenso.
Existe una marcada brecha entre los proyectos de ley presentados y los aprobados, con diferencias notables según partido político, género y representación departamental.
El CNA advierte que gran parte del trabajo legislativo no se traduce en resultados concretos y que los intereses político-partidarios prevalecen sobre la generación de cambios reales para la ciudadanía.
Falta de transparencia
El informe también señala que la transparencia dentro del Congreso sigue siendo limitada:
- Sesiones suspendidas sin explicación.
- Asistencia irregular de diputados.
- Elevado número de solicitudes de información no respondidas.
Esto refuerza la percepción de un poder legislativo alejado de la ciudadanía, pese a que los diputados se autodenominan el “Congreso del pueblo”.
Declaraciones del CNA
La directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, presentó los hallazgos y cuestionó las prácticas que marcaron el periodo 2022-2026.
“La parálisis legislativa y la normalización del incumplimiento inconstitucional, con diputados que simplemente no llegaban a las sesiones sin consecuencia alguna”, señaló.
Castellanos también advirtió sobre el deterioro de los mecanismos de control y transparencia: “El debilitamiento progresivo de la rendición de cuentas acompañado de una resistencia sistemática a la veeduría ciudadana” y “una opacidad presupuestaria persistente incompatible con cualquier estándar mínimo de transparencia”.
Recordó que el CNA hizo contacto en aquel momento con el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para proponerle ser veedores, colaborar de manera permanente que contribuyera a fortalecer la función legislativa y la institucionalidad.
De su parte, el coordinador del Observatorio de Política Criminal del CNA, César Espinal, señaló que el período 2022-2026 del Congreso Nacional tuvo una ruptura con dos juntas directivas, disputas de legalidad y una fragmentación institucional.
Indicó que el período pasado no hubo transparencia, deliberación democrática, separación de poderes del Estado, y legalidad y constitucionalidad.
Por otro lado, reveló que el presupuesto que manejó el Congreso Nacional fue casi de seis mil millones de lempiras, de los cuales, la mayoría se gastó en sueldos y beneficios, transferencias o subvenciones y en viáticos.
Espinal desglosó que dos mil 778 millones de lempiras se gastó en sueldos, 839 millones en subvenciones y 675 millones en viáticos de viajes nacionales y al extranjero.
Subrayó que la figura de la presidencia del Congreso Nacional se atribuyó acciones como concentración excesiva del poder, manejo discrecional de la agenda legislativa, bloqueo sistemático a la observación ciudadana, restricción del acceso a la información, uso reiterado de procedimientos excepcionales al margen de la Constitución e intentos de quebrar las leyes para imponer posturas políticas, incluyendo poner en riesgo las elecciones generales.
Cierre del periodo legislativo
Finalmente, la titular del CNA se refirió a hechos ocurridos en 2026, como la simulación de aprobación de un decreto el 9 de enero, que buscaba anular la declaratoria de resultados emitida por el Consejo Nacional Electoral.
“Un congreso que comienza dividido termina fracasado”, afirmó, en alusión al cierre del periodo legislativo.
