En medio de un clima de creciente controversia institucional, las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, aseguraron que el proceso electoral programado para el 30 de noviembre se llevará a cabo sin interrupciones, pese a intentos por judicializarlo.
Frente a los cuestionamientos provenientes de sectores del partido Libertad y Refundación (Libre), Hall fue enfática al declarar: “Judicializar el proceso electoral es atentar contra la democracia.”
Recalcó que el CNE fue concebido como un órgano con autonomía y equilibrios de poder luego de la crisis post-electoral de 2017, para restaurar la confianza ciudadana.
Por su parte, Cossette López respaldó el compromiso institucional de garantizar la celebración de elecciones libres y transparentes, enfatizando que los procedimientos seguirán su curso “llueva, truene o relampaguee”.
«Coacción»
López mencionó que el consejero Marlon Ochoa ha solicitado y «quiere imponer por la vía de la coacción una enmienda a los pliegos argumentando que no debe haber interferencia humana en la verificación de los datos en las actas».
«Yo reto públicamente a que me demuestre en qué parte de la ley dice que la verificación debe ser revisada por datas center y computadoras. La Ley en su artículo 283 dice que el Consejo Nacional Electoral analizará, sumará y verificará y las actas», arguyó López quien subrayó la pregunta en «qué parte de la normativa dice que son las computadoras las que deben sumar, y que nosotros no podemos a través de nuestra institución la encargada de hacer la verificación y establecer mecanismos distintos al que nos quieren imponer», instó López a Ochoa.
La titular del CNE afirmó que, «con la ley en la mano, la conciencia tranquila, la verdad en la boca y la dignidad de mi pueblo, voy a defender eso hasta el final y eso que quede claro, porque nos están persiguiendo, amenazando, amedrentando y queriendo debilitar».
López le dijo a Ochoa de que «ni la unanimidad ni la mayoría que es la forma que dice la Ley Electoral que se adoptan las decisiones, le alcanzará el consejero amenazándonos ni coaccionándonos y eso no va a suceder.
Tampoco movilizando turbas sectarias para boicotear un proceso mandatado por la Ley para el cual ya existe un cronograma y que no debería haber marcha atrás».
Estas declaraciones se dan en un momento en que la estabilidad del calendario electoral parece amenazada por disputas internas dentro del órgano electoral y crecientes tensiones entre partidos políticos, lo que ha encendido las alarmas sobre la necesidad de blindar el proceso democrático frente a cualquier interferencia.
