Una iniciativa que se prepara en el Congreso Nacional ordenaría a la Procuraduría General de la República, iniciar un proceso de conciliación y reintegro a más de 10 mil hondureños que fueron despedidos irregularmente de sus puestos de trabajo por la sectaria administración de Xiomara Castro y que demandaron por millones al Estado.
La iniciativa busca atender las demandas interpuestas por los afectados, quienes reclaman indemnizaciones millonarias contra el Estado tras haber sido separados de sus puestos de trabajo en condiciones consideradas sectarias.
Con este mecanismo de conciliación, el Legislativo pretende reducir el impacto económico de los litigios y garantizar justicia laboral a los empleados vulnerados, promoviendo su reincorporación a las instituciones públicas.
El proyecto se enmarca en los esfuerzos por estabilizar la administración pública y resolver los conflictos heredados, ofreciendo una salida institucional a miles de familias que esperan recuperar sus derechos laborales.
