Denuncian ante el MP a Roosevelt Hernández por delitos electorales en las primarias y varios delitos comunes en su gestión al frente de las FFAA
Una denuncia formal fue presentada ante el Ministerio Público contra el General de División Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, quien se desempeñó como Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras entre 2023 y 2025, por la supuesta comisión de delitos electorales y comunes durante los procesos electorales de ese año.
El escrito señala que el oficial intervino de manera indebida en asuntos políticos, respaldando públicamente iniciativas legislativas y participando en reuniones con actores partidarios, lo que constituye una abierta violación al artículo 272 de la Constitución que establece el carácter apolítico, obediente y no deliberante de la institución castrense.
La denuncia también detalla el colapso logístico ocurrido el 9 de marzo de 2025 durante las elecciones primarias, cuando la distribución de las maletas electorales se paralizó en Tegucigalpa y San Pedro Sula, provocando retrasos de hasta 24 horas y abandono de material en la vía pública, responsabilidad que por mandato constitucional corresponde a las Fuerzas Armadas.
El documento acusa a Hernández de haber ordenado la modificación de informes internos para eximir a oficiales responsables y atribuir culpas exclusivamente al Consejo Nacional Electoral, además de haber amenazado a la presidenta consejera del CNE, Cosette López, quien denunció públicamente la manipulación de reportes y la reunión con un expresidente y una candidata presidencial.
Se señala también que durante las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 el General instruyó a sus oficiales a abandonar las urnas en caso de sabotajes, lo que fue interpretado como una orden de entregar material electoral a grupos políticos, y que solicitó al pleno del CNE copias de actas presidenciales antes del cierre oficial del escrutinio, vulnerando la secretividad del voto.
La denuncia fundamenta sus señalamientos en la Constitución de la República, el Código Penal y la Ley Electoral de Honduras, tipificando delitos como coacción y amenaza electoral, falsificación de documentos, abuso de autoridad, prevaricato, amenazas y obstrucción a la justicia. Asimismo, califica las actuaciones como un patrón de “genocidio político” o “lawfare electoral”, describiendo acciones sistemáticas para obstaculizar el sufragio y deslegitimar los comicios. El escrito solicita a la Fiscalía General admitir la denuncia, trasladarla a la Unidad Especializada contra Delitos Electorales, ordenar la recolección de pruebas y testimonios, y practicar inspecciones judiciales en las sedes militares y del CNE.
Finalmente, el texto concluye con un señalamiento directo al General Hernández Aguilar, acusándolo de haber traicionado la Constitución, su juramento militar y la democracia hondureña, al ordenar abandonar urnas, desaparecer informes y amenazar a quienes defendieron la transparencia del proceso electoral, calificandolo como un traidor a la Patria y un apóstata de la lealtad republicana.
