Honduras continúa atrapada en el círculo vicioso de la corrupción y la impunidad. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, elaborado por Transparencia Internacional, otorgó al país apenas 22 puntos de 100 posibles, ubicándolo en la posición 157 de 182 naciones evaluadas, tres escalones por debajo del año anterior.
El resultado confirma un deterioro relativo: mientras otros países de la región avanzan, Honduras permanece estancada en la franja crítica.
El contraste regional es evidente. Centroamérica registra un promedio de 31 puntos, pero Honduras figura entre los peores desempeños, solo por encima de Nicaragua y Haití. Costa Rica, en cambio, supera los 50 puntos y consolida instituciones más transparentes, demostrando que el retroceso hondureño no es inevitable, sino consecuencia de decisiones políticas y debilidades institucionales sostenidas.
Uno de los símbolos más claros del deterioro institucional es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), señalada como el mayor caso de corrupción estructural en la historia del país.
Entre 2022 y 2025 acumuló pérdidas de más de 46 mil millones de lempiras y una deuda que supera los 114 mil millones, obligando al Estado a destinar recursos que debieron invertirse en salud, educación y seguridad.
Para analistas, el problema no es técnico, sino político: una estructura capturada y sin controles efectivos.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional, advirtió que sin reformas profundas y acciones contundentes, la impunidad seguirá siendo la norma. “Cada gobierno promete rescatar la ENEE; pero sin transparencia y con estructuras capturadas por intereses particulares, la crisis se profundiza”, señaló Carlos Hernández, director ejecutivo de la organización, quien lamentó que el país haya alcanzado su “peor calificación” en los últimos años.
El informe global subraya que los países que han logrado avances lo han hecho mediante instituciones de control independientes, procesos judiciales en casos de alto perfil y mayor transparencia.
República Dominicana, por ejemplo, alcanzó 37 puntos en 2025 y mejoró su posición global. En contraste, Honduras no ha superado el umbral de alta corrupción desde 2017 y su trayectoria histórica refleja un deterioro institucional persistente.
El mensaje del IPC 2025 es claro: Honduras no enfrenta únicamente un problema de percepción, sino un deterioro real de su sistema de integridad pública.
Fortalecer la rendición de cuentas, proteger a periodistas y denunciantes, auditar sectores de alto riesgo fiscal y garantizar una justicia independiente ya no son opciones políticas, sino condiciones mínimas para evitar que el país siga descendiendo en el mapa global de la corrupción.
