El nuevo titular de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN), Jaime Quintanilla, denunció públicamente que una patrulla de la Policía Nacional, acompañada de otros siete vehículos, impidió la captura del conductor de un autobús que presuntamente transportaba un botín (Droga) perteneciente a una organización criminal durante un operativo realizado en San Pedro Sula.
Quintanilla, quien recientemente fue ascendido a la dirección de la DLCN por el fiscal general Johel Zelaya, relató en el programa de Frente a Frente que la intervención policial obstaculizó el trabajo de los agentes antidrogas y estuvo a punto de provocar un enfrentamiento.
“Esta interrupción tan abrupta de la policía y siete carros más no dejaron pasar a los agentes”, expresó, aclarando que no podía dar más detalles debido a que la operación aún está en curso.
El hecho se produjo en el marco de la operación ejecutada el pasado 4 de febrero por el Ministerio Público contra una poderosa red de narcotráfico en San Pedro Sula.
En el operativo se incautaron armas, drogas, caletas, pertrechos militares y simbología de agencias de seguridad nacionales e internacionales. Según los fiscales, la organización criminal movía semanalmente más de 60 millones de lempiras y operaba bajo un esquema pandilleril, desplazando a los tradicionales carteles y controlando barrios mediante códigos, banderas y estructuras violentas.
Quintanilla subrayó que el enfrentamiento no fue contra los delincuentes, sino contra la patrulla policial que bloqueó el paso de los detectives. “Estuvo a punto de haber un enfrentamiento porque los policías no dejaban avanzar a los agentes”, afirmó, cuestionando la actuación de los uniformados en lugar de apoyar la captura del vehículo en fuga.
El Ministerio Público considera que este golpe representa un avance significativo contra las estructuras criminales que trasladan cargamentos de droga hacia el norte del continente y abastecen el mercado local.
Sin embargo, la denuncia de Quintanilla abre un nuevo frente de cuestionamientos sobre la coordinación y transparencia en las operaciones de seguridad, en un contexto marcado por el fin del estado de excepción y la persistencia de redes criminales con fuerte capacidad de infiltración.
