El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Roosevelt Hernández, confirmó este martes la presencia de personal militar en todas las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), en respuesta a una alerta de seguridad recibida el pasado 22 de septiembre.
La declaración surge tras la denuncia pública de la consejera Cossette López, quien calificó la intervención como una “ocupación irregular” sin autorización institucional.
Según el general Hernández, la alerta fue emitida por el oficial enlace de la Policía Nacional asignado al CNE, quien notificó a su homólogo en las Fuerzas Armadas sobre la posible presencia de un artefacto explosivo en un edificio cercano al ente electoral, ubicado en el sector de San Felipe.
Ante esta situación, se activó un protocolo de seguridad que incluyó el despliegue de un escuadrón antibombas y la regulación del ingreso del personal.
“Se procedió a atender para desvirtuar cualquier situación y mitigar o verificar si alguna edificación del CNE corría peligro”, explicó Hernández, justificando la intervención como una medida preventiva ante una amenaza potencial.
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Resultados del operativo
- No se encontró ningún artefacto explosivo en las instalaciones del CNE
- Se determinó mantener un binomio (guía canino y perro entrenado) en cada sede del organismo electoral
- La medida se mantiene como parte de un protocolo de seguridad, aunque no se trata de una visita oficial
La presencia militar en el CNE ha generado controversia, especialmente porque el mismo general Hernández había comunicado en una nota enviada a la consejera López el pasado 8 de julio que las Fuerzas Armadas no participarían en la custodia de las instalaciones durante las actividades programadas conforme al cronograma electoral.
La denuncia de la consejera López se centró en la falta de coordinación y transparencia en el despliegue militar, señalando que el ingreso de elementos armados sin autorización afectaba el ambiente laboral y la autonomía institucional del CNE.
Además, se cuestionó la instalación de unidades antibombas y la regulación del acceso por parte de terceros ajenos a la seguridad interna del ente.
Este episodio se produce en un contexto de creciente tensión política, a pocas semanas de eventos clave en el calendario electoral. La presencia militar en espacios civiles como el CNE ha reavivado el debate sobre el respeto a la institucionalidad y la necesidad de garantizar procesos democráticos libres de presiones externas.
Las autoridades aún no han emitido una postura conjunta sobre la continuidad de estas medidas. Mientras tanto, se espera que el CNE y las Fuerzas Armadas aclaren los alcances de la intervención y definan protocolos claros para futuras acciones de seguridad.
