La lucha contra el narcotráfico requiere más que buenas intenciones
Por Juan Carlos Degrandez.
Honduras no es un país pobre por falta de recursos, de capacidad humana o de ubicación estratégica. Es un país empobrecido, en buena medida, por el avance de estructuras criminales que durante años han convertido la droga en una fuente de muerte, corrupción y atraso.
El narcotráfico no solo mueve cargamentos; también compra voluntades, infiltra instituciones, financia violencia, fortalece la extorsión y destruye la confianza de la ciudadanía. Donde entra la droga, se debilita el Estado y se cierra el paso al desarrollo.
Los últimos tres meses, con corte al 6 de abril de 2026, reflejan una señal de alerta. Entre enero y marzo se reportaron 524 homicidios, frente a 486 en el mismo período de 2025, lo que representa un aumento de 7.82 %. Solo en marzo se contabilizaron 177 muertes violentas, convirtiéndolo en el mes más crítico del trimestre. A esto se suman 61 muertes violentas de mujeres y seis homicidios múltiples con 21 víctimas en lo que va del año. Estas cifras dejan claro que la violencia sigue teniendo raíces profundas y que el crimen organizado conserva capacidad para sembrar miedo, controlar territorios y desafiar al Estado.
La extorsión también sigue golpeando con fuerza. Se estima que alrededor de 300 mil hogares resultan afectados por este delito, mientras que entre 2022 y 2025 se registraron 3,526 denuncias vinculadas a 66 grupos criminales en 16 departamentos, con 281 asesinatos de inocentes asociados a este fenómeno. Esto confirma que la criminalidad no solo roba dinero: también paraliza comunidades, debilita la economía y condena a miles de familias a vivir bajo amenaza.
En este escenario, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico ocupa un lugar estratégico. Sus operaciones recientes muestran una ofensiva más firme contra redes de tráfico y microtráfico. Entre las acciones más relevantes destacan la erradicación de 30 mil arbustos de hoja de coca en Colón, una operación en 10 departamentos contra una estructura que recibía cargamentos desde Colombia a través de La Mosquitia, acciones contra la organización “Los Matute” en Olancho, la segunda fase de la Operación Trueno contra redes de microtráfico vinculadas a la MS-13, y los allanamientos ejecutados el 6 de abril contra estructuras de Olancho, El Paraíso y Francisco Morazán por narcotráfico y lavado de activos. Estos movimientos son importantes porque muestran iniciativa estatal, pero su verdadero valor dependerá de que se traduzcan en condenas, privación de dominio, decomisos sostenidos y debilitamiento real de las redes criminales.
La llegada del general retirado Fernando Ramiro Muñoz Bonilla a la DLCN ha generado expectativa por su perfil de mando y firmeza. Su nombramiento se dio durante la gestión del hoy exfiscal Johel Zelaya. Sin embargo, lo más importante no debe ser la figura individual, sino los resultados. En un país golpeado por la violencia, la población necesita menos espectáculo y más efectividad: menos discurso y más desarticulación real de las estructuras que financian el crimen, corrompen el sistema y empujan a la nación a vivir por debajo de su verdadero potencial.
También comienza a percibirse una esperanza en el ordenamiento que vive la Policía Nacional bajo sus nuevas autoridades. Ese proceso aún debe consolidarse, pero representa una señal positiva en un contexto donde la ciudadanía reclama disciplina, conducción y claridad estratégica. En esa tarea, el respaldo de las Fuerzas Armadas sigue siendo importante, especialmente en control territorial, interdicción y apoyo a operaciones en zonas de alto riesgo. Cuando las instituciones trabajan con coordinación, dirección y compromiso, el Estado recupera presencia y la población empieza a sentir que no todo está perdido.
Pero hay un punto decisivo que Honduras debe comprender: esta lucha no se gana solo con presencia en la calle. El narcotráfico moderno exige inteligencia, tecnología y ciberseguridad. Sin inteligencia, el Estado solo reacciona; con inteligencia, puede anticiparse, identificar patrones, seguir rutas, rastrear finanzas y descubrir redes de protección. La tecnología permite analizar datos, integrar información, fortalecer investigaciones y convertir indicios en evidencia útil. Y la ciberseguridad es indispensable para proteger sistemas, comunicaciones, bases de datos y procesos sensibles frente a redes criminales que hoy también operan en el ámbito digital.
Honduras necesita una respuesta integral. Necesita autoridad, pero también método. Necesita fuerza legal, pero también capacidad técnica. Necesita voluntad política, pero también instituciones limpias y eficaces. La droga ha dejado demasiada muerte, demasiada corrupción y demasiada pobreza en un país que podría estar viviendo una realidad muy distinta. Sin embargo, todavía hay espacio para la esperanza. Si el Estado logra sostener este proceso de ordenamiento, fortalecer la investigación criminal y combinar el trabajo policial y militar con inteligencia, tecnología y ciberseguridad, Honduras puede empezar a recuperar terreno y a reconstruir la confianza de su pueblo.
