El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, anunció este martes que presentará ante la comisión de seguridad del Congreso Nacional una propuesta de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, con el objetivo de contar con mayores herramientas para combatir la extorsión.
La iniciativa busca que este delito sea tratado como de orden público y no privado, como ocurre actualmente, sin necesidad de suspender las garantías constitucionales.
Velásquez detalló que la institución policial enfrenta grandes desafíos, razón por la cual su gestión ha iniciado un proceso de reestructuración para reenfocar recursos y fortalecer las operaciones contra el crimen.
“En estos 30 días hemos reorganizado el servicio policial focalizándolo en aquellos territorios que tienen mayor incidencia criminal y estamos muy conscientes que tenemos una gran responsabilidad de bajar los indicadores de violencia”, declaró.
El ministro informó que en 2025 se gastaron 1,200 millones de lempiras en alquiler de patrullas y vehículos, y que este año se invertirá la misma cantidad, pero destinada exclusivamente a operaciones policiales.
Asimismo, anunció que en las próximas horas se pagará el bono alimenticio correspondiente a enero y febrero, con una erogación de 130 millones de lempiras a favor de 24 mil policías.
Velásquez explicó que se han neutralizado varias estructuras criminales dedicadas al asalto en barrios y colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula, y que se están creando nuevas fuerzas especiales: una para los barrios más peligrosos de la capital y otra para el Litoral Atlántico.
Señaló que la mayor cantidad de sucesos violentos se concentra en el Valle de Sula, el Litoral Atlántico y el departamento de Yoro.
El funcionario también lamentó la ola de violencia que afecta a las mujeres y aseguró que se ha instalado una mesa interinstitucional para abordar las causas de estos homicidios.
“Entendemos que no todos los homicidios de mujeres son femicidios, pero son igualmente importantes porque han aumentado en los últimos años. Tenemos que hacer campañas de prevención especialmente en las zonas rurales”, afirmó, al tiempo que señaló que muchas de estas muertes están vinculadas a estructuras criminales que utilizan a mujeres en sus operaciones.
Sobre la Tasa de Seguridad, Velásquez indicó que el año pasado se recibieron 2,900 millones de lempiras, de los cuales 1,200 millones se destinaron al alquiler de patrullas y vehículos, muchos de ellos empleados por funcionarios del gobierno. En ese sentido, informó que unas 250 camionetas ejecutivas fueron recuperadas y ahora están destinadas exclusivamente a labores policiales.
El anuncio se realizó durante una reunión en el Congreso Nacional, donde el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, recibió al ministro de Seguridad y a la secretaria de Educación, Ivette Argueta, para avanzar en una alianza interinstitucional en beneficio de la niñez y la juventud.
