Los empleados del Sistema Nacional de Emergencias 911 fueron víctimas de la indiferencia de la junta interventora encabezada por Miroslava Cerpas, que nunca les otorgó acuerdos ni extendió contratos, dejándolos en un limbo laboral.
La situación se agravó tras la creación acelerada de 1,571 plazas permanentes bajo el régimen del Servicio Civil, con un costo superior a los 581 millones de lempiras, lo que se configuró como un intento del gobierno anterior de asegurar empleos para su militancia y colectivos, comprometiendo de manera irresponsable las finanzas públicas de la administración entrante.
Expertos en derecho administrativo advierten que este tipo de decisiones, tomadas sin respaldo presupuestario ni estudios técnicos, podrían constituir abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios e incluso responsabilidad administrativa o penal, en caso de haberse concretado contrataciones sin autorización de la Secretaría de Finanzas.
El 911 no solo fue señalado por convertirse en una “agencia de empleo” para activistas del partido oficialista, sino también por operar como un botín en la adjudicación de contratos millonarios.
En noviembre de 2023, bajo la presidencia de Cerpas, la junta interventora adjudicó mediante contratación directa la compra de cámaras de vigilancia a la tercera oferta más cara del proceso, pese a existir propuestas más económicas, lo que habría ocasionado un perjuicio superior a los cuatro millones de lempiras al Estado.
LEA: Gobierno anterior intentó comprometer al 911 con plazas sin respaldo presupuestario
Estos antecedentes reflejan cómo la gestión del 911 bajo la junta interventora se caracterizó por la falta de transparencia, la discrecionalidad en el manejo de recursos y la indiferencia hacia los trabajadores.
La combinación de decisiones apresuradas, contratos cuestionables y ausencia de respaldo legal dejó a la institución debilitada y a cientos de empleados en la incertidumbre, evidenciando el uso político de una entidad clave para la seguridad nacional.
Los resultados de la auditoría realizada por la Comisión de Transición en el Sistema Nacional de Emergencias 911 han puesto en evidencia graves irregularidades administrativas que comprometen la credibilidad de la institución y señalan directamente a la junta interventora.
El informe constató la presencia de personas sin relación contractual vigente ni válida, además de la inexistencia de respaldo documental en los archivos de Recursos Humanos que avalara su vínculo con la entidad.
Entre los hallazgos más preocupantes se reveló que la planilla de empleados se triplicó entre enero de 2022 y diciembre de 2025, aunque la presencia física de colaboradores era significativamente menor a la registrada en nómina.
Esta distorsión no se tradujo en mejoras del servicio, sino en un deterioro operativo, precariedad en las instalaciones y deficiencia en la administración de recursos, lo que vulneró la seguridad de información sensible de la ciudadanía.
LEA: 911 bajo la lupa tras irregularidades encontradas en gestión anterior
En consecuencia, el 911 anunció que trasladará todas las irregularidades detectadas a las autoridades competentes para que se emprendan las acciones legales correspondientes. Este caso refleja cómo la falta de responsabilidad y la manipulación institucional de la junta interventora no solo afectaron a los trabajadores, sino que también pusieron en riesgo la confianza ciudadana en un sistema vital para la seguridad del país.
Este caso se convierte en un ejemplo de cómo la manipulación institucional y la falta de responsabilidad administrativa pueden socavar la confianza ciudadana y comprometer la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales.
LEA: Compras innecesarias, fraccionadas y sobrevaloradas, el legado de corrupción que encuentran en 911
