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Gabriela Castellanos: “Juicio político es defensa de la democracia, no un castigo”

La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, afirmó que los juicios políticos en Honduras deben entenderse como un mecanismo de defensa de la democracia y no como castigos partidarios.

Señaló que la Constitución no le asigna al Congreso Nacional un papel decorativo, sino una función clave de resguardo institucional.

“Juicio político o políticos en juicio. La Constitución no le concede al Congreso Nacional un papel decorativo; le confiere una función de resguardo. Cuando el Estado de Derecho se fractura —por actuaciones contrarias a la Constitución, por negligencia manifiesta o por decisiones que lesionan el interés nacional— el Legislativo está llamado a actuar”, escribió Castellanos en su pronunciamiento.

Explicó que el juicio político no nació como un espectáculo punitivo, sino como un mecanismo de defensa institucional, cuya consecuencia es clara y limitada: la destitución del cargo cuando se acredita la responsabilidad funcional.

Castellanos subrayó que la Constitución establece que el juicio político procede contra altas autoridades cuando exista una denuncia grave por actuaciones contrarias a la norma suprema o al interés nacional, o por negligencia, incapacidad o incompetencia en el ejercicio del cargo.

Además, recordó que corresponde al Congreso realizarlo conforme al procedimiento establecido en la Ley Especial.

La titular del CNA también hizo referencia a la crisis electoral de noviembre de 2025, la cual dejó una profunda preocupación ciudadana sobre la solidez de las garantías democráticas.

Señaló que lo ocurrido exige una evaluación institucional rigurosa y reconoció que este tipo de crisis no surge en el vacío, pues el Congreso anterior también formó parte de decisiones y omisiones que agudizaron el conflicto político y el bloqueo electoral.

Finalmente, Castellanos enfatizó que, ante escenarios de esta naturaleza, el Congreso tiene la responsabilidad de activar el juicio político con base en los hechos y dentro del debido proceso. “No se trata de una herramienta de confrontación ni de un instrumento de revancha; se trata de un mecanismo excepcional, creado precisamente para momentos excepcionales”, concluyó.

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